LABOR DEFENSIO

LA VOLUNTARIEDAD EN EL PROCESO DE MEDIACION

02.12.2015 20:15

Las partes que interactúan en un proceso mediador con esa voluntariedad que les es propia, no sólo ejercen un derecho que les asiste sino que también conlleva una implicación de colaboración en la búsqueda de soluciones que den por finalizado el litigio planteado.

La capacidad libre y decidida de las partes afectadas, ha de trasladarse a la mediación de forma voluntaria, sin coacción y sin ningún condicionante que menoscabe el acto libre de acudir a una solución del conflicto a través de la ADR.

La legislación actual que afecta a la Mediación  en asuntos civiles y mercantiles, tanto nacional como internacional ( refiriéndonos s a la internacional como la derivada de la Comisión de las Comunidades Europeas  - hoy Unión Europea-con su Libro Verde, la Recomendación 98-1, códigos y anteproyectos, tienen como conclusión común que son cuatro los principios básicos y rectores de todo proceso de mediación en cualquiera de sus disciplinas o especialidades: VOLUNTARIEDAD, IMPARCIALIDAD, NEUTRALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.

No cabe duda que los cuatro principios rectores de la mediación son de vital importancia para que ésta se lleve a cabo de una forma eficaz y eficiente, desplegando todos sus efectos de solución de los que pueda valerse. Pero sin restar importancia a cada uno de ellos, es la voluntariedad, el principio que alcanza una mayor notoriedad y trascendencia en el proceso de mediación, ya que la falta de esa voluntariedad, de esa libertad de acudir y de participar en el proceso de solucionador de conflictos (considerando las soluciones que trate de aportar el mediador), supondría de facto una nulidad de todo el proceso ya que las partes o alguna de ellas no está actuando de forma libre.

La voluntariedad,  como una característica fundamental del acto humano, entendido este como aquellos actos que procede de la voluntad deliberada del sujeto y que por lo tanto los realiza de una forma libre, voluntaria y con conocimiento.  Cuando el sujeto entiende lo que quiere y/o desea y debate si  puede disponer de él o no, la voluntad se inclina hacia su posición identificada o bien procede a su rechazo. Cuando la persona alcanza ese equilibrio entre entendimiento y voluntad, alcanza a su vez esa plenitud de responsabilidad sobre sus actos.

Para que el proceso de mediación pueda ser desarrollado, necesita del concurso de las partes, los afectados por el conflicto y el mediador o solucionador de los mismos. Pero ese concurso ha de ser voluntario, sin coacciones ni obligaciones que cercenen el derecho libre y voluntario de participar en este proceso.

Voluntariedad libre en el proceso de mediación, donde las partes de forma voluntaria traten de mejorar la comunicación entre miembros de la familia, reducir conflictos entre las partes, alcanzar acuerdos amistosos, en definitiva. Solucionar la litis planteada.

Nos podemos encontrar con una voluntariedad de terceros, es decir, de aquellas partes que aún no participando del proceso mediador si pueden ver afectados sus intereses (personales, económicos, estabilidad, etc…) por la solución que se dé al conflicto. Sería el caso, entre otros, de los hijos en un supuesto de mediación familiar.

Dos principios afectan de forma única a la función que desarrolle el mediador: la imparcialidad y la neutralidad, siendo la confidencialidad común a las partes, tanto al mediador como a los sujetos afectados por el proceso mediador. Por lo tanto, a juicio de esta parte, es la voluntariedad dentro de los principios rectores anteriormente citados, el que adquiere mayor preponderancia en una posible escala de graduación de los mismos.

Si en un proceso de mediación, alguna de las partes carece o adolece de esa voluntariedad, quedaría ya viciado desde el inicio el procedo mediador, ya que su presencia o participación en el proceso sería fruto de coacción y/o de obligación, estando el proceso mediador viciado desde su inicio al ser conculcado uno de sus principios rectores como es la voluntariedad.  Esa falta de voluntariedad supone la inexistencia o conculcación del principio de buena fe sobre el que se debe de desarrollar el proceso y si se alcanza, la solución al conflicto.

La propia reglamentación que trata de armonizar el funcionamiento de las ADR (Alternative Dispute Resolution), reconoce la voluntad de acudir libremente a las procedimiento de la ADR, de decidir por su voluntad que organización o persona se encargara del proceso que solucione su conflicto, que tipo de procedimiento se va a desarrollar y por último decidir si la solución o soluciones aportadas por el mediador son susceptibles de aplicación y le satisface. Una actuación del afectado, donde éste, manifiesta su voluntariedad de aceptar lo anteriormente señalado o, en caso contrario, de manifestar su voluntariedad de dar por finalizado el proceso de mediación. Pero siempre con unos actos marcados por la voluntariedad.

El propio Libro Verde, sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil (COM/2002-196-BRUSELAS,19.04.2002), reconoce en su síntesis número 65, que cuando las partes afectadas y participes en un procedo de mediación estén en  plenitud y disposición libre de sus derechos y no acepten o incumplan las obligaciones dimanante de un proceso de mediación, las soluciones habrán de armonizarse  entre otras, con la voluntad de las partes. Entendida la voluntad, como esa manifestación libre de actuar o decidir en uno u otro sentido.

La voluntariedad configura una serie de garantías mínimas del procedimiento mediador, que as u vez ha derivado en su consideración no sólo ya como principios básicos sino como elementos que constituyen la esencia del Código deontológico que ha de prevalecer en los profesionales mediadores.

Esta voluntariedad, que a su vez articula un proceso voluntario, donde cada una de las partes se ha de responsabilizar de los que deseen y del acuerdo que se haya alcanzado y que da por finalizado el litigio planteado.

La falta de voluntariedad o que esta se vea afectada por vicios ocultos que elimine el carácter libre  que le es propio, afecta de forma directa a la validez del consentimiento en el acuerdo alcanzado. El vicio en la voluntariedad se traslada al consentimiento del acuerdo o solución alcanzada, restándole y anulando la propia validez del consentimiento, ya que en este caso tal acuerdo no refleja la voluntad real de las partes. Si se pretende garantizar la validez de los consentimientos, debemos de garantizar o preservar la voluntariedad de las partes en el proceso.

Llama la atención la Recomendación nº R (98)1 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre la Mediación Familiar ( en relación con el artículo 15.b del estatuto del Consejo de Europa y aprobada por el Consejo de Ministros de 21 de enero de 18998), donde en el apartado “Principios de la Mediación familiar”, relativo a la Organización de la mediación, en su punto a.-) nos dice que la mediación, en principio, no debe ser obligatoria, este término, en principio choca a mi juicio con el principio de voluntariedad que se articula como uno de los principios rectores de todo proceso de mediación y solución de conflictos. Un acto voluntario, no puede ser obligatorio, ya que en ese caso no existiría voluntariedad y por lo tanto, tampoco libertad (entendida como fuente que sustenta esa voluntariedad). Siendo a su vez contrario,  a la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Una voluntariedad  marca no solo el inicio del proceso ( donde el mediador adoptará las medidas que considere oportunas  para asegurarse de que las partes afectadas den su consentimiento al cuerdo con pleno conocimiento de causa),  sino también en su finalización, aunque no se haya alcanzado solución al conflicto planteado, y que  de forma clara recoge el  Código de Conducta Europeo para Mediadores, donde reconoce la voluntariedad de cualquiera de las partes para abandonar el proceso de medición en cualquiera de la fase en la que se encuentre.

Nuestro ordenamiento jurídico, mediante la ley5/2012, de 6 de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles, en su Titulo II, relativo a los Principios Informadores de la mediación, artículo 6, establece la relación ya enunciado anteriormente entre voluntariedad y libre disposición.

Como resumen de lo anterior o conclusiones, decir que;

 

1.- La voluntariedad es un acto libre y personal que condiciona todo el proceso mediador.

2.- Esta voluntariedad tiene una limitación temporal que se produce cuando se alcanza una solución al conflicto y los acuerdos emanados de este proceso conciliador, adquiere para cada una de las partes fuerza ejecutiva y de obligado cumplimiento.

3.-  Es un principio esencial de la mediación, como actuación tendente a solucionar conflictos. Acto humano que se ejerce con libertad.

4.-  La voluntariedad existe en personas que no forman parte del proceso mediador, pero que se pueden ver afectados por los acuerdos que emanan de este proceso de mediación.

5.-  La falta de voluntariedad vicia el proceso, existiendo con esa falta una presunción de dolo, si la persona actúa coaccionada en el proceso.

6.-  Esta voluntariedad, ejerce su poder en el inicio del proceso de mediación como en la finalización del mismo, ya que se puede abandonar el proceso en cualquier momento aún sin haber llegado a la solución del conflicto.

7.-  esta voluntariedad se traslada al acuerdo alcanzado, constituyéndose de obligado cumplimiento, fruto del éxito personal que actúa de forma libre y voluntaria.

8.- Voluntariedad, personal e intransferible.

9.-  Voluntariedad inicial, cuando se decide de forma libre y voluntaria acudir a un profesional de la mediación con el deseo de solucionar un conflicto presentado.

10.-  La voluntariedad implica una colaboración y flexibilización en la meta de solucionar el conflicto planteado.

 

FUENTES:

.- Libro Verde, sobre las modalidades alternativas a la solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil. Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 19/04/2002. COM (2002) 196 final.

.-Recomendación nº R (98)1 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la mediación familiar. (Aprobado por Consejo de Ministros el 21 de enero de 1998, a partir de la 616 reunión de los Delegados de los Ministros).

.- Código de Conducta Europeo para Mediadores.

.- Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008.

.- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

 

Graciano Amador Maujo Iglesias

Graduado Social

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